El plan del Gobierno de Santa Fe para resolver el histórico déficit vial en los accesos a los puertos del Gran Rosario abrió un fuerte frente de conflicto con el sector agroexportador. Si bien las empresas reconocen la necesidad de mejorar la infraestructura, cuestionan con dureza el mecanismo de financiamiento y advierten que el costo sería excesivo.
La iniciativa oficial prevé la creación de un fideicomiso que administre de forma independiente los fondos destinados a obras viales. Ese esquema se financiaría con un aporte de 1,5 dólares por tonelada ingresada a los puertos, que deberían pagar exportadores y terminales. Según el Gobierno, el objetivo es garantizar que los recursos se destinen exclusivamente a mejorar rutas, accesos y mantenimiento, evitando desvíos como los que ocurren con tasas municipales actuales.
Sin embargo, desde la industria aceitera y el sector portuario aseguran que el impacto económico sería muy alto. Calculan que el costo por camión podría multiplicarse, pasando de valores actuales de entre 17 mil y 20 mil pesos a cifras que oscilarían entre 65 mil y 85 mil. Además, advierten sobre dificultades operativas para aplicar el cobro en un mercado con distintas modalidades de comercialización de granos.
Otro de los puntos que genera rechazo es la ausencia de peajes. Mientras la Provincia busca que el financiamiento recaiga directamente sobre la actividad que más utiliza la infraestructura —el transporte de cargas—, los exportadores consideran que el esquema debería ser más equilibrado y transparente en su implementación.
El malestar no se limita a las empresas exportadoras. Acopiadores y productores también manifestaron su preocupación, al entender que el nuevo costo terminará trasladándose al precio que reciben por los granos. Incluso, desde entidades del sector anticiparon posibles acciones judiciales si el proyecto avanza sin modificaciones.
A pesar de las críticas, en el agro coinciden en que la mejora de los accesos portuarios es una deuda pendiente clave para la competitividad de la región. El debate, por ahora, se centra en cómo repartir los costos de una obra estratégica sin generar un nuevo foco de presión sobre la cadena productiva.