Mauricio Ezequiel Bustos, de 31 años, fue detenido la semana pasada en una plaza del barrio 7 de Septiembre de Rosario y esta semana fue imputado como uno de los sicarios implicados en el fatídico intento de rescate narco ocurrido en el Hospital Provincial, donde asesinaron al efectivo Leoncio Bermúdez. Bustos, se había escapado de la colonia psiquiátrica en Oliveros tras quedar detenido por un robo violento en la zona oeste de la ciudad. La justicia determinó ahora que continúe con su tratamiento en salud mental, pero dentro del penal.
La fiscal Gisela Paolicelli acusó al hombre de ser uno de los individuos armados que irrumpieron en la sala de emergencias del centro médico el pasado 14 de noviembre con la intención de liberar a Gabriel Guillermo Lencina, un recluso de la cárcel de Piñero que estaba bajo tratamiento por tuberculosis.
En la audiencia resaltaron que, a pesar de los antecedentes de problemas de salud mental del acusado, el juez decidió proceder con la imputación, considerando circunstancias agravantes como el presunto homicidio por motivos “de odio” y la posible alevosía en el crimen. Bustos permanecerá en prisión preventiva, con la autorización de recibir tratamiento psiquiátrico mientras esté detenido.
El anterior arresto de Bustos se produjo después de que intentara huir en un automóvil robado a punta de pistola el pasado 15 de diciembre, en el que le apuntó a un niño de 12 años. Tras ser detenido por este violento hecho, el recluso logró fugarse de la institución psiquiátrica de Oliveros cuando estaba siendo evaluado por la junta médica y alojado bajo custodia.
Según dedujo la fiscalía tras la investigación, el asesino a sueldo fue motivado por una promesa de recompensa de dos millones de pesos, supuestamente coordinada por reclusos de Piñero, y se unió al sicario Pablo Cristian Gastón Sosa, de 22 años, para llevar a cabo el rescate del Hospital Provincial. Juntos, lograron reducir a un agente penitenciario que custodiaba a Lencina, quitándole su arma reglamentaria. Sin embargo, al encontrarse con otro oficial, decidieron abandonar el lugar, disparando fatalmente contra Bermúdez en su intento de escapar.
Además de Bustos, la investigación del homicidio de Bermúdez llevó a cuatro personas y dos menores a ser identificados por su participación en el hecho, aunque estos últimos no son punibles. En una audiencia anterior, la jueza Verónica Lamas González había ordenado la prisión preventiva para Pablo Sosa, Joel Gabriel Ibarra y Lautaro Román Núñez por su presunta implicación en el asesinato, con la agravante de considerarlo un crimen de odio, tal como había solicitado la parte querellante.
